:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/JKADPPFEFW6EMNDMHJJ6UNFRNI.jpg "Migrantes venezolanos caminan por la carretera que une Iquique con Colchane, luego de cruzar de Bolivia a Chile, en Quebe, Chile, el 17 de febrero de 2021.Fotógrafo: Martin Bernetti / AFP / Getty Images")
Human Rights Watch pidió a Chile que ponga fin a las “deportaciones sumarias” de ciudadanos venezolanos, afirmando que estas medidas violan el debido proceso y el derecho internacional.
En junio, Chile expulsó a 53 venezolanos, algunos de los cuales fueron separados de sus familias, tenían recursos pendientes o se les negó realizar una llamada telefónica o el acceso a un abogado, dijo el miércoles Human Rights Watch en un comunicado. Ciudadanos de varios países, incluido Venezuela, fueron deportados en abril sin revisión judicial.
Más de 5 millones de personas han huido del colapso económico y social que afecta a Venezuela, y muchas han optado por emigrar a países vecinos de América Latina. Alrededor de 500.000 venezolanos se han establecido en Chile, donde ahora representan el mayor grupo de migrantes. Aun así, las políticas gubernamentales implementadas desde 2019 han dificultado a los venezolanos obtener asilo y visas.
“Los tribunales chilenos han demostrado que muchos venezolanos que huyeron de una devastadora crisis en su país fueron deportados sin el debido proceso, violando normas básicas del derecho internacional”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Es poco coherente que el Gobierno chileno condene enérgicamente los abusos en Venezuela mientras ignora los derechos de los venezolanos en el apuro por deportarlos a un país donde sus vidas pueden estar en riesgo”.
Human Rights Watch dijo que analizó 21 sentencias judiciales que protegían a un total de 80 venezolanos y más de 250 órdenes de deportación. La organización también entrevistó a representantes humanitarios y de derechos humanos.
A principios de junio, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, defendió las deportaciones, diciendo que muchos de los migrantes habían cometido delitos, incluido el robo, y que algunos tienen vínculos con el tráfico de niños. El presidente de la Corte Suprema dijo el mes pasado en una entrevista con el periódico El Mercurio que los deportados tienen derecho a la justicia y se les debe permitir presentar su caso.
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