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Negocios

Gobierno se blinda para evitar nuevos fraudes como el de Centros Poblados al MinTIC

La Superintendencia Financiera y Colombia Compra Eficiente elevaron los controles para evitar la falsificación de documentos en procesos de contratación pública.

Tiempo de lectura: 2 minutos

Luego de que estallara el escándalo por la pérdida de $70 mil millones de un contrato entre el Ministerio de las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados para la conectividad rural, las autoridades en Colombia tomaron medidas para evitar nuevos fraudes.

La Superintendencia Financiera y la agencia de contratación pública, Colombia Compra Eficiente expidieron una circular conjunta en la que elevaron los estándares de la documentación que se debe presentar en procesos de contratación pública.

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Hay que tener presente que, en el polémico contrato del MinTIC y Centros Poblados, el Banco Itaú aseguró que los documentos presentados por el contratista, que aseguraban eran expedidos por la entidad bancaria, eran falsos.

“Los documentos presentados como garantías por la Unión Temporal Centros Poblados al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son falsos”, dijo Itaú cuando estalló el escándalo.

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Y añadió que “cuando el banco recibió copia de los documentos en mención, advirtió su falsedad en su contenido, forma, numeración y firmas. Esta situación fue informada en la audiencia de sanción contra la Unión Temporal Centros Poblados, dejando claro al Ministerio que por ser documentos falsos el banco no tenía relación de garante”.

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Las autoridades económicas y de contratación expidieron una nueva circular en la que ordenan que “las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deberán ajustar los procedimientos actualmente existentes para facilitar a los beneficiarios e interesados, la confirmación del origen, características y elementos relevantes de las garantías bancarias, los contratos de seguro de cumplimiento y los patrimonios autónomos otorgados como garantías, los cuales deben ser expedidos a través de documentos electrónicos integrales con valor legal y técnicamente asegurados mediante firmado digital y estampado cronológico, además de poseer mecanismos tecnológicos como pueden ser códigos QR, hash, alfanuméricos o CUFE, entre otros, que permitan la verificación en línea, por Internet o a través de aplicaciones móviles. Lo anterior, con el propósito de garantizar su validez, integridad y completitud”.

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Adicionalmente, deberán disponer de un punto de contacto telefónico o virtual para que las entidades del Estado puedan solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver las consultas que sobre el particular sean pertinentes.

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Asimismo, las Entidades Públicas deberán acudir a los mecanismos de verificación en línea con el propósito de verificar la validez, idoneidad y suficiencia de los documentos que se entregan como soporte de las garantías que amparan los contratos estatales.

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Esta verificación deberá realizarse de manera previa a que las entidades públicas aprueben o rechacen las garantías.

Finalmente, establece que del mencionado acto de consulta, se dejará constancia expresa en el expediente contractual.

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