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Economía

Como se esperaba, Cámara no censuró a Karen Abudinen que ya renunció al MinTIC

Una vez más el debate de moción de censura fracasó en Colombia. Si bien la ministra dejó el cargo, el Congreso no la censuró por su actuación en el contrato con Centros Poblados.

Tiempo de lectura: 3 minutos

Bogotá — Una vez más fracasó la moción de censura contra un funcionario de Gobierno. El turno esta vez fue para Karen Abudinen, que, pese a que no logró sostenerse en el cargo, ganó la moción de censura en la Cámara de Representantes.

Abudinen se impuso en la votación, al igual que ya lo habían hecho sus antecesores, Diego Molano, Alberto Carrasquilla y Guillermo Botero, entre otros. Hasta ahora, nunca ha prosperado una moción de censura en Colombia.

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Ver más: Los pendientes del Ministerio TIC colombiano tras la renuncia de Karen Abudinen

Sin embargo, hay que recordar que, la ministra TIC, Karen Abudinen renunció en la noche del jueves, apenas horas antes de la votación en el Congreso de la República. Se adelantó a la moción de censura y confirmó su renuncia luego de un año y cuatro meses en el cargo presionada por el escándalo del contrato de conectividad a escuelas rurales del país.

“Presento ante usted señor presidente renuncia irrevocable al cargo de ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (…). Haber trabajado con disciplina y entrega en su gobierno me llena de orgullo. Hoy me retiro adolorida por las circunstancias que el país conoce pero con la traquilidad del deber cumplido”, dijo la ex funcionaria cuestionada por el escándalo en el que se perdieron $70 mil millones de un contrato estatal para llevar Internet a las zonas rurales del país.

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Karen Abudinen afrontó el pasado 3 de septiembre el debate de moción de censura en la Cámara de Representantes en donde ignoró los pedidos de renuncia y criticó el “oportunismo político” ante los llamados de un grupo de congresistas para que se retirara del cargo.

Ver más: Ministra TIC colombiana se adelanta a moción de censura y presenta renuncia

La ministra fue cuestionada por otorgar un contrato para conectar escuelas rurales del país a Centros Poblados, un oferente que supuestamente no tenía la experiencia requerida y al que además le fueron entregados $70.000 millones de adelanto.

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Los atrasos en el proyecto y la identificación de documentos falsos para participar en el proceso licitatorio, desvelaron varios aspectos polémicos acerca del contrato, uno de los mayores escándalos hasta ahora del Gobierno del presidente Iván Duque.

La funcionaria llegó a decir en televisión abierta que si no se cumplían los plazos de entrega del contrato la llevaran al “cementerio” porque había que “cumplirles los sueños a los jóvenes del país”.

El lunes 6 de septiembre la Procuraduría General de la Nación informó que abrió formalmente una investigación disciplinaria contra Abudinen para determinar responsabilidades por el caso del contrato.

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En una reciente entrevista con Bloomberg Línea, Abudinen manifestó que si en el Ministerio cometieron “errores”, no tendrían “problema en reconocerlos y corregirlos. Los organismos de control, la Procuraduría y la Contraloría, están realizando en este momento las actuaciones para establecer si los hubo o no y para identificar eventuales responsabilidades, en el caso que así haya ocurrido”.

Ver más: Procuraduría investigará a la ministra TIC por polémico contrato en Colombia

“Es una situación que no se la deseo a nadie. He recibido toda clase de ataques. Soy consiente de la validez de las preocupaciones ciudadanas por los recursos públicos, pero también es claro que se ha utilizado a las redes sociales para sembrar toda clase de duda y, como decimos en Colombia, pescar en río revuelto”, dijo en su momento.

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Para esta inversión, considerada la más importante del Estado en los próximos 10 años en materia de conectividad rural, se dividió el contrato en dos regiones. La zona A fue adjudicada a Claro y la B a Centros Poblados.

Desde el año pasado cursaban tanto una acción de tutela (11001-33-42-049-2020-00350-00) como una acción popular (25000234100020200087400) para tratar de impedir la firma de los contratos, el desembolso de anticipos y/o la suspensión del proyecto de conectividad.

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