:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/R53AK3FH3RBZBI6TUNALDVVAAY.jpg "Cientos de miles de personas de Centroamérica y otras naciones han cruzado la frontera mexicana hacia EE.UU. en los últimos meses y las detenciones de migrantes se han disparado.")
Bloomberg — Mientras un tribunal federal de apelaciones de EE.UU. evalúa si la Administración Biden puede abandonar una política que exige que los solicitantes de asilo en la frontera sur esperen en México, defensores de los derechos de los inmigrantes dicen que la política tiene un impacto especialmente devastador en migrantes jóvenes y aquellos que huyen del abuso.
Niños que esperan en México en virtud los llamados Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) del expresidente Donald Trump han sufrido violencia de pandillas, intentos de secuestro y condiciones insalubres, señalaron en un informe grupos como Young Center for Immigrant Children’s Rights y Save the Children.
“No es razonable esperar que niños busquen asilo, y mucho menos que cumplan con la carga probatoria necesaria para obtener el asilo, mientras están sujetos a estas condiciones”, señalaron los grupos. La Administración Biden “actuó de manera apropiada al descontinuar un programa que infligía dichos daños”.
Los grupos instaron al Tribunal de Apelaciones de EE.UU. en Nueva Orleans a levantar una orden judicial que obliga al presidente Joe Biden a seguir la política en una demanda presentada por fiscales generales de Texas y Misuri. Ninguno de los fiscales respondió de inmediato las llamadas en busca de comentarios sobre el argumento de los grupos.
Una ola en la frontera
El caso se produce cuando cientos de miles de personas de Centroamérica y otras naciones han cruzado la frontera mexicana hacia EE.UU. en los últimos meses y las detenciones de migrantes se han disparado. Los republicanos dicen que la crisis es evidencia de que las políticas de Biden no funcionan.
El martes, Florida entró en la polémica con otra medida. Su fiscal general demandó a EE.UU. por sus políticas de inmigración, acusándolo de abandonar los MPP y presuntamente haciendo que el estado incurra en millones de dólares en gastos para lidiar con una avalancha de migrantes indocumentados que son detenidos y liberados.
“La laxa política fronteriza de Biden es una invitación abierta para que peligrosos criminales, traficantes de personas y narcotraficantes ingresen a EE.UU., creando una crisis en la frontera sur como nunca antes habíamos visto”, dijo la fiscal general de Florida Ashley Moody en un comunicado. “Debido a que Biden no exige que quienes cruzan la frontera pasen por los canales legalmente obligatorios, están ingresando a nuestro país sin ser procesados adecuadamente”.
El fiscal general de Texas Ken Paxton ha acusado a Biden de ignorar la orden judicial para reinstaurar los MPP. La semana pasada, dijo que exigir que los solicitantes de asilo esperen en México “reduce en gran medida la carga que soportan las agencias estatales y federales encargadas de defender nuestra frontera”.
Pero los grupos de defensa argumentan que los MPP violan las normas internacionales para el tratamiento de niños y familiares vulnerables. La política dificulta que los solicitantes de asilo asistan a sus audiencias y coloca esas audiencias en “tribunales de campaña” al otro lado de la frontera en EE.UU., dijeron los grupos. Los tribunales carecen de la privacidad y seguridad que los migrantes necesitan para explicar completamente por qué tienen miedo de regresar a sus países de origen, según el informe.
“Los procedimientos de audiencia tampoco tuvieron en cuenta las necesidades y vulnerabilidades únicas a las que se enfrentan los niños, especialmente aquellos traumatizados, al avanzar por complejos procedimientos legales”, indicaron los grupos.
Con el rostro marcado
La presentación describió ejemplos de niños que, según los grupos, sufrieron bajo los MPP, incluido un niño de 5 años cuyo rostro quedó marcado durante un intento de secuestro mientras esperaba en México con su madre, y una niña de 16 años que tenía miedo de contarle a la corte sobre su padre, que abusaba sexualmente de ella.
“Debido a los MPP, se esperaba que ella presentara voluntariamente su historia en un ‘tribunal de campaña’, donde no tenía privacidad ni abogado que la asesorara”, dijeron los grupos. A la niña, que se negó a testificar y finalmente fue expulsada de EE.UU., se le debería haber permitido contar su “dolorosa historia privada en un entorno apropiado para niños”, indicaron los grupos.
Otro solicitante de asilo, un adolescente, huyó de Honduras tras años de abuso y discriminación por su orientación sexual, según el expediente.
“Asistió a varias audiencias de los MPP, pero tenía miedo de hablar sobre su sexualidad en audiencias abiertas instaladas en carpas y frente a su madre”, dijeron los grupos. Después de que se ordenó su expulsión y la de su madre, él inició otro caso, pero “los funcionarios de inmigración lo trasladaron a Honduras basándose únicamente en la orden emitida en su contra mientras estaba en los MPP”.
Después de asumir el cargo en enero, Biden intentó crear una política de inmigración más humana y congeló las deportaciones. Pero los migrantes llegaron a la frontera en cantidades récord, lo que generó preocupaciones políticas. Luego, Biden echó pie atrás en algunas de sus promesas y comenzó a presionar a México y las naciones centroamericanas para que aumentaran sus propias patrullas fronterizas.
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