Renovables confían en obtener amparos aunque AMLO cambie la Constitución

El sector de energías renovables considera que la reforma constitucional no puede ser retroactiva sobre los contratos entre el sector público y privado.

Energía de viento y sol
07 de octubre, 2021 | 05:05 AM

Ciudad de México — Las empresas que generan energía renovable en México anticipan una batalla legal si el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) logra cambiar la Constitución para que la compañía estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) controle el sector eléctrico.

En entrevista con Bloomberg Línea, Julio Valle, vocero de las asociaciones Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), las cuales representan inversiones por US$19.000 millones en el país y 86.000 empleos, aseguró que la reforma constitucional no puede ser retroactiva sobre los contratos entre el sector público y privado.

“En caso de que la CFE decida cancelar un servicio o la Comisión Reguladora de Energía (CRE) cancele un permiso sería un impacto retroactivo de la norma. Eso sí está protegido por la Constitución, para eso habrá amparos, habrá arbitrajes internacionales. Va a ser el mayor de los problemas que tenga nuestro país en ese sentido”

Desde 2020, el mandatario y su partido fracasaron en regresarle el poder a CFE mediante acuerdos administrativos y una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). El político tabasqueño ahora intenta lograrlo al modificar los artículos 25, 27 y 28 de la carta magna y evitar que el poder judicial frene su plan por controversias constitucionales y amparos.

El representante empresarial expresó que bajo el nuevo modelo ningún proyecto renovable va a poder operar como antes, lo significará una “expropiación indirecta” según tratados internacionales.

PUBLICIDAD

“El valor de esos activos lo tendría que cubrir el estado mexicano. El impacto de una medida de esta naturaleza y cancelar estos proyectos tendría un daño cuatro veces mayor a lo que se reportó del Aeropuerto (de Texcoco)”, dijo.

El 5 de octubre, el grupo de presión Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que la iniciativa presidencial viola el capítulo de inversiones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá referente a expropiaciones y compensaciones, el cual ya estudian las empresas como punto de reclamación en posibles arbitrajes internacionales.

El principal problema de la reforma, según el sector renovable, es que el gobierno pretende cancelar la posibilidad de que los mexicanos tengan acceso energía barata, un medio ambiente limpio y que el país no forme parte de las acciones para frenar la emergencia climática que exige el mundo, aunque México aporta solo 1,8% de las emisiones contaminantes, mientras que China, Estados Unidos, India y Rusia concentran más del 50%.

PUBLICIDAD

Valle comentó que la reforma energética de 2013 del expresidente priista Enrique Peña Nieto fue positiva por poner al consumidor en el centro de la ecuación para recibir energía más barata y lograr una matriz energética más diversificada.

La iniciativa que envió López Obrador a la Cámara de Diputados pretende desaparecer a los reguladores CNH, CRE y al Cenace, operador del sistema eléctrico, para que CFE se encargue del 54% del mercado y el 46% restante sea atendido por empresas privadas.

El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el morenista Manuel Rodríguez González, comentó en entrevista que la mejor garantía para las compañías es la demanda de energía del país, la cual crecerá 6% cada año, aproximadamente.

Entrevista: Presidente de Comisión de Energía ve espacio para mejorar reforma eléctrica

Esta fracción del sector privado que produce electricidad con el sol y el viento insiste en que la iniciativa es una expropiación indirecta, incluso sin que el gobierno se apropie de centrales porque solo la CFE decidirá cuándo necesita la energía, priorizando sus propias plantas, en lugar de un sistema de competencia de mercado donde el generador con la energía más barata realiza la venta.

Valle advierte un “problema mayúsculo” para los 300 proyectos eólicos y solares en México con el modelo que propone el gobierno porque no tendrían los ingresos estimados para pagar los créditos con el que financiaron sus proyectos.

“El tema no va parar en los generadores. Al final, va a acabar en que todos los mexicanos vamos a tener menos energía, pero más sucia y costosa”, declaró.

Le puede interesar: Facturas de gasolina y otras deducciones tendrán más control del SAT en 2022